Acusan a alcalde de represor

Pelayo y funcionarios se deslindan de ataques de la Municipal

Entre violentas agresiones de policías y sujetos desconocidos contra integrantes de grupos que se han manifestado en contra de las políticas de Enrique Pelayo Torres, Ensenada vivió su celebración del Grito de Independencia

Ricardo Meza Godoy

En distintos hechos, agresiones hacia manifestantes en contra del gobierno de Enrique Pelayo Torres, fueron registradas el 15 de septiembre. Una poco después del mediodía y otra cerca de la media noche, durante la celebración del grito de Independencia de México.

Los derechos de decenas de personas fueron abiertamente violentados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y horas antes una denuncia de intento de homicidio fue presentada por el líder social de comerciantes ambulantes, Ramiro Orea, quien organizaba una manifestación durante el día, frente al Palacio Municipal.

El ataque a Ramiro Orea

Golpes a la cabeza y cuerpo, un ataque con cuchillo y el mensaje de “un regalito de Pelayo”, fue lo que recibió Orea, y asentó en la denuncia 2516/12/300/AP, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que va dirigida en contra del supuesto autor intelectual de nombre, Carlos Gutiérrez Mendoza; y contra los supuestos autores intelectuales que Orea considera pudieran ser el Alcalde Enrique Pelayo Torres; Rodolfo Mellado Pérez, director de Comercio Alcoholes y Espectáculos Públicos del municipio; y Sonia Blancket López, coordinadora de Gabinete.

Orea señala haber sido atacado por el sujeto Gutiérrez Mendoza, con cuchillo en mano, poco después del mediodía del 15 de septiembre, cuando caminaba rumbo al Palacio Municipal, sobre la acera este, frente al edificio del centro de gobierno del Estado. Al cruzarse con él, refiere, recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo derribó, y ya en el piso fue golpeado de nuevo por el sujeto en la cabeza y vio cómo se lanzaba hacia él tirándole una cuchillada. Orea explicó que pudo meter ambos puños frente a su rostro y con ello desvió el cuchillo que se enterró en su mano derecha, cayendo el arma al suelo debido al impacto. Mientras recibía la golpiza del sujeto, refiere que el agresor le dijo que era de parte de Pelayo.

Con policías municipales como testigos a pocos metros, Orea señaló que solo se habían quedado viendo, mientras que los guardias privados que se encuentran en la entrada de las instalaciones del Gobierno del Estado, corrieron para intentar detener la pelea. Orea explicó que una vez interviniendo los guardias privados la policía municipal actuó afirmando que se encontraba más cerca de los municipales que de los privados.

Ambos sujetos fueron llevados a la comandancia de Calle 9 y Espinoza. Orea fue esposado y subido a una patrulla. A esa misma patrulla y en el mismo asiento trasero, los municipales subieron a su agresor, sin esposas y los llevaron a presentar ante un juez calificador.

Orea narró que ya en las instalaciones de la estación de policía fue encerrado en una celda en solitario, y abordado por Alfredo Rosales Green, director de Tránsito Municipal, quien le aseguró le ayudaría a salir del problema y negó estar involucrado en la agresión en su contra.

Minutos después el regidor Armando Reyes Ledesma arribó a la comandancia y solicitó a los policías para que Orea fuera liberado, lo que ocurrió con las facilidades de Rosales Green. De inmediato se trasladaron a la PGJE para entablar la denuncia donde narró todo lo ocurrido, y que quedó formalmente registrado poco antes de las 17:00 hrs.

Mientras esto ocurría, en la comandancia de la Calle 9 el agresor de Orea ya había sido liberado, tras haber pagado una fianza de mil 500 pesos y se desconoce su paradero. Orea inclusive, duda que el nombre registrado ante la autoridad sea su nombre real y espera poder obtener las imágenes de las cámaras de vigilancia montadas en el edificio del centro de gobierno del Estado, que pudieran mostrar con lujo de detalle cómo ocurrió la agresión. Además, aseguró contar con algunas fotografías del sujeto.

El ataque a #YoSoy132

Argumentando dos días después del incidente, ignorar lo que había ocurrido, tanto el Presidente Municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, como el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Florencio Raúl Cuevas Salgado, y el Director de Policía y Tránsito Municipal, Alfredo Rosales Green, se deslindaron de los atropellos cometidos por policías municipales en contra de decenas de personas, durante la celebración del Grito de Independencia.

Tras la agresiva detención de 21 personas, en su mayoría simpatizantes del grupo denominado #YoSoy132 en Ensenada, que se manifestaban la noche del 15 de septiembre, en diversos puntos frente al edificio del Palacio Municipal, las autoridades intentaron lavarse las manos mediante escuetos comunicados, y haciendo alusión a evidencias que no han ni mostrado ni probado.

Los funcionarios lidian ahora con averiguaciones por parte de la sindicatura municipal, con denuncias entabladas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Baja California. Han recibido un extrañamiento del Congreso del Estado, donde los diputados, por mayoría y de todos los partidos, les demandan entre otras cosas aclarar lo ocurrido, deslindar responsabilidades, y que Rosales Green sea destituido de inmediato por “su evidente falta de responsabilidad, su ineficacia, y su incapacidad parar controlar la conducta de la corporación municipal bajo su mando”.

En el vistoso operativo implementado por el gobierno municipal el sábado 15 de septiembre, los policías sometieron a hombres y mujeres de distintas edades, que lanzaban las consignas de “¡Sin PRI!” y “¡Fraude, fraude!” y/o desplegaban cualquier estandarte de su movimiento.

El argumento de la autoridad, según el informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) horas después de lo ocurrido, fue el siguiente:

Que “al momento de que el C. Presidente Municipal se dirigía hacia la audiencia, unas personas (ubicadas en la parte superior del puente peatonal frente al edificio) aventaron una lona con consignas del movimiento Yo soy 132, cayendo ésta sobre la gente y unos niños que se encontraban sobre el puente viendo dicho acto, reclamándoles los espectadores que era un evento cívico y que si querían manifestarse pues fueran a las instalaciones del IFE, suscitándose un altercado entre los espectadores y los manifestantes comenzando a empujar y tirar a los niños que se encontraban viendo los festejos, por lo que los padres de los menores, les reclamaron presentándose más manifestantes, alteran el orden y agrediendo a los espectadores así como a los oficiales que se encontraban en el lugar tratando de retirarlos de dicho puente, y al momento que los oficiales tratan de intervenirlos éstos fueron agredidos por todos los manifestantes, quienes solicitaron apoyo a los demás oficiales”.

Sin embargo, distintos videos publicados en Internet, pusieron en evidencia una realidad distinta a la narrada por la policía municipal, desatando la indignación de amigos, familiares y compañeros de trabajo de los detenidos, de asociaciones civiles, de funcionarios municipales, de partidos políticos, y de la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE), pues hubo también problemas entre policías y reporteros.

En esos videos, grabados desde celulares y cámaras caseras, todo alrededor de las 23:15 horas, se pudieron apreciar los mismos hechos desde distintos ángulos. Policías sometieron con lujo de violencia a los manifestantes que no se encontraban ni en una riña, ni insultando, ni tapando la visibilidad, o poniendo en riesgo la seguridad de las personas en el puente como había referido la SSPM. Incluso la manta en mención ya había sido levantada, y no evitaba la visibilidad de las personas en la parte inferior del puente, antes de que llegaran los oficiales a intentar removerla.

Aunado a ello, las grabaciones muestran el momento cuando los oficiales que llegan al puente a remover la manta, detienen y someten agresivamente al camarógrafo Julio Ruelas Gómez, de la televisora local TVES, quien se encontraba grabando los hechos, y portaba todas las acreditaciones requeridas para el evento, incluyendo uniforme de la empresa, y logotipos de la empresa en la cámara y en el micrófono que le fueron arrebatados. Uno de estos videos fue mostrado durante la sesión del Congreso el pasado 18 de septiembre.

Segundos después, otro camarógrafo de la misma televisora, de nombre José Orozco Caballero, fue detenido violentamente debajo del puente peatonal por los municipales, al intentar acudir en auxilio de su compañero. De acuerdo a su testimonio, lo tiraron al suelo, le aplicaron una llave en el cuello y lo obligaron básicamente a soltar la cámara o terminar desmayado por la falta de oxígeno.

Ambos reporteros gráficos recibieron distintos golpes cortesía de los municipales, en cuerpo y rostro, que posteriormente serían acreditados por un médico e integran la averiguación previa: 4954/12/311/AP, interpuesta por ellos, con el respaldo de su empresa, el martes 18 de septiembre ante el Ministerio Público (MP) en las oficinas de la PGJE.

Los jaloneos y las agresiones en el puente peatonal, donde se encontraban cientos de personas amontonadas a la orilla del barandal, para observar los últimos minutos del evento, generaron un pánico entre las mujeres y niños, que comenzaron a correr lejos de donde se encontraban los golpes. Una avalancha de señoras y niños sin freno buscando bajar mientras filas de policías intentaban subir, lo que llevó a empujones, gritos, llanto de niños y caídas, entre ellas la de Virginia Mora, que se encontraba sosteniendo una de las esquinas de la manta de #YoSoy132.

La caída de Mora se aprecia en otro de los videos, en el momento en que los policías municipales comienzan a jalar de los brazos a las mujeres que sostenían la manta. Entre los empujones Mora cae al suelo y desaparece de la imagen durante algunos segundos para después levantase brincando en un pie.

Estando abajo, Virginia Mora explicó, que fue pisada por los policías y otras personas, mostrando una serie de moretones en distintas partes de su cuerpo, incluyendo marcas en un muslo que dan la forma de una huella de zapato dibujada con moretones.

Mora explicó que con un fuerte dolor en su pierna izquierda no podía caminar, y los policías intentaban llevársela. Ante su insistencia de asegurar que estaba lastimada y pedirles una ambulancia, los policías optaron por dejarla arriba del puente. Minutos después Mora fue bajada no por policías, sino por un par de jóvenes que la cargaron hasta alguna ambulancia. Los policías simplemente bajaron corriendo del puente para ayudar a otros a someter a más personas o formar vallas humanas para evitar que medios de comunicación se acercaran a las patrullas donde estaban siendo subidos manifestantes y camarógrafos.

Cuando los 23 detenidos, eran subidos a las patrullas, distintos reporteros intentaban tomar fotografías del momento. Limitados por la valla, a varios metros de distancia de las patrullas, y viendo pasar uno tras otro a los detenidos, los reporteros intentaban fotografiarlos y tomar videos con cámaras digitales y celulares.

Sin embargo, insultos, manotazos queriendo arrebatarles los equipos, y luces de las lámparas de distintos policías impedían de manera deliberada a los reporteros, captar lo que estaba ocurriendo. Los policías apuntaban sus lámparas de mano y las luces de sus cámaras de video, justo frente a las lentes de las cámaras, y directo a los ojos de los reporteros a corta distancia, impidiendo su labor, moviéndose junto con los reporteros de un lado a otro. Entre estos policías se encontraban algunos de los que habían sometido minutos antes al camarógrafo de TVES.

Al demandarle este reportero a uno de los oficiales con las lámparas, que nos dejaran hacer nuestro trabajo, la respuesta fue “nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo”. “¿Qué trabajo es ése?”, se le cuestionó al policía, quedando en silencio y manteniendo las luces hacia los rostros de los integrantes de la prensa.

Se podía ver a la distancia que los detenidos que ya iban esposados, eran azotados bruscamente contra las patrullas en varias ocasiones por los policías, de hecho fueron parte de las primeras quejas que hicieron ante la prensa una vez liberados.

Una de las mujeres arrestadas, Tania Patricia Ramírez Lomelí de 26 años de edad, aseguró que el mismo policía municipal que la sometió, la colocó de frente a una de las patrullas y la hostigó acercando su sexo hacia ella.

En el operativo se involucraron al menos 120 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, que fueron ofrecidos a Pelayo por el Vicealmirante del Cuerpo General DEM, Víctor Francisco Uribe Arévalo al frente de la II Región Naval; 110 policías, entre integrantes del grupo de reacción inmediata SWAT, de robo de vehículos, robos domiciliarios, de motocicletas fuera de camino, e integrantes de diversas estaciones del municipio; un número indeterminado de escoltas de funcionarios; agentes vestidos de civil; cuatro inspectores de Sindicatura Municipal; al menos 2 camarógrafos de la SSPM; empleados de la Secretaría de Gobernación; y 13 elementos de Protección Civil Municipal.

Todos resguardando la explanada frente al Palacio Municipal, que fue transformada en una especie de corral, donde únicamente se permitía el acceso por la parte noreste a los asistentes, que acudieron a celebrar el 202 aniversario del grito de independencia de México.

La tensión en los rostros de los policías se veía. Rutas de acceso que en años pasados habían estado libres, fueron cerradas y vigiladas por los municipales. Nadie podía cortar camino para llegar con sus familiares, si alguien se quería brincar por una jardinera era frenado por los policías y tenía que dar la vuelta, todos en fila india, a rodear la plaza y entrar por un mismo lugar.

El interés del gobierno municipal por vigilar a los asistentes llevó hasta al propio director de Transparencia Municipal, Alejandro Puente Pérez, a actuar como vigilante y a reportar cualquier persona sospechosa. Puente hizo durante todo el evento recorridos con radio en mano en la explanada. Se ubicó justo detrás de un grupo de jóvenes de #YoSoy132 que gritaban “¡Sin PRI!” y se comunicaba constantemente. Reportar irregularidades o sospechosos era su labor, dijo a ZETA el funcionario.

A la par en otros puntos de la explanada frente al Palacio Municipal, jóvenes que recién comenzaban a gritar “¡Fraude, Fraude!”, fueron rodeados por policías y sometidos de la misma manera que Orozco Caballero, con llaves al cuello, esposados y llevados a rastras por policías que los levantaban de los brazos estirando sus codos hacia arriba y generándoles un dolor intenso en los hombros, como narraron en testimonios recopilados por ZETA tras su liberación cerca de hora y media después.

Algunos casos como el de Manuel Guillén Guillén, historiador que labora en el Archivo Histórico de Ensenada, simpatizante del movimiento #YoSoy132, se pueden ubicar entre los videos, donde se observa cómo estando de pie, cantando con una bandera mexicana levantada entre sus manos, fue sometido por un policía municipal que le aplicó la misma llave de luchador en el cuello sin que hubiera intentado resistirse.

Mientras los policías se abalanzaban sobre los manifestantes, las manos con celulares y cámaras aparecían por todos lados, incluyendo la del menor Rubén Alfonso Castañeda Martínez, de 17 años de edad, quien acompañado de sus padres había asistido al evento y traía una pequeña cámara digital amarrada en su muñeca, con la que decidió comenzar a registrar lo que ocurría. Poco después de que comenzó a grabar, un policía le arrebató la cámara, dejando únicamente la cinta amarrada a su muñeca, y se lo llevó detenido, recibiendo como el resto, su dosis de empujones en la patrulla, según declaró al salir.

Tras subirlos a las patrullas, todos los detenidos fueron trasladados a la estación de policía de la Calle 9na y Espinoza, excepto Virginia Mora, quien fue llevada hasta una clínica en Maneadero.

“¿Por qué me llevan tan lejos?”, preguntó Mora a quienes la transportaban lesionada en la ambulancia; “Ésa fue la orden”, aseguró que le respondieron; “¿Orden de quién?”; “de C4”.

Teniendo el Hospital General a corta distancia del Palacio Municipal, Mora fue llevada kilómetros de distancia hacia el sur de la ciudad en una clínica donde explicó que ni la enfermera que la atendió sabía por qué la habían llevado hasta allá, siendo que no contaban siquiera con un aparato para toma de Rayos X, que era lo primero que necesitaba.

El tratamiento a Mora fue una inmovilización de su pierna con yeso, para que pudiera después recibir atención adecuada en un hospital como el que se encontraba cerca del lugar del incidente.

La liberación de los 21 presentados ante el juez y los 2 camarógrafos se dio entre intermediaciones de los regidores del Partido del Trabajo, Armando Reyes Ledesma y del Partido de la Revolución Democrática, Joaquín Bolio Pérez, ante la Juez Calificador en turno. Armando Reyes, uno de los pocos regidores que asistió al evento, presenció el zafarrancho y decidió acudir a la estación de policía para conocer la situación de las personas detenidas, quienes momentos después fueron saliendo uno a uno, narrando la agresión recibida.

Un par de horas antes, los bailables y cantos mexicanos se mantenían sin problemas, adentro del Palacio Municipal una fiesta privada se llevaba a cabo. Había mariachi y había alcohol. Funcionarios de su gabinete pasaban el rato entre sonrisas y bostezos, invitados personales del Alcalde sentados alrededor sin mucho que hacer. Pelayo subió a intentar cantar una parte de la canción que se titula “Échame a mí la culpa”, que interpretaba Javier Solís. Todos esperando el momento del grito.

Al día siguiente, el 16 de septiembre, durante un evento frente al monumento a Hidalgo que se realizó a las 8:00 horas, y donde estuvo presente el Alcalde Enrique Pelayo Torres y autoridades militares, ZETA intentó obtener sus impresiones respecto a lo ocurrido la noche anterior.

Pelayo se negó a abordar el tema y aseguró que sería a través de un boletín de prensa, como daría su posicionamiento. Horas después, el boletín llegó. El Alcalde afirmó entre otras cosas en dicho documento, que “los incidentes ocurrieron de manera simultánea y muy rápidamente por lo que si existió alguna circunstancia fuera de lo normal, ésta será revisada, para que se actúe conforme a lo que marca la ley y en su caso, se procederá conforme a derecho hasta sus últimas consecuencias”, aseguró. “Las tradicionales Fiestas Patrias son para toda la familia, y si bien, el derecho de expresión está consagrado en la Constitución, también lo está la máxima de que ‘El Respeto al Derecho ajeno es la paz’”, agregó en el boletín.

La propagación de los videos del incidente, comenzaron a acaparar la atención de portales de noticias a nivel nacional, blogueros y redes sociales replicaban en miles de repeticiones, el momento en que los policías retiran por la fuerza la cámara de video a Julio Ruelas, entre gritos de cientos de personas que observaban desde abajo.

Para el lunes, Pelayo Torres se vio obligado a preparar una rueda de prensa y atender múltiples cuestionamientos respecto a lo ocurrido. “¿Quién dio la orden?”, le preguntaron desde un inicio, a lo que respondió “No sé quién haya dado esa orden. Yo no la di, eso júralo”, contestó.

Sin posibilidad de esgrimir los argumentos del parte policíaco, que no coincidían con las imágenes difundidas, Pelayo ofreció una disculpa pública pero solo dirigida a los medios de comunicación, y en específico a lo ocurrido tanto a los camarógrafos de TVES, como a un fotógrafo del periódico Frontera, quien terminó con un tobillo hinchado tras empujones con policías que intentaron quitarle su cámara fotográfica, mismos intentos de tumbar o quitar equipos que hicieron con al menos otros tres medios impresos y electrónicos. Afirmaría después, que pagaría los daños materiales a las empresas que se vieron afectadas, con dinero público, más de 2 mil dólares en equipo.

El miércoles 19 de septiembre, Pelayo dijo a la prensa local no estar dispuesto a destituir a Rosales Green de su cargo, “yo soy una persona justa, él no tuvo nada que ver en el asunto”, refirió. A pesar de la evidencia documentada en los videos que fueron grabados por personas durante el evento, el Alcalde ha asegurado que la agresión “fue un hecho aislado”, aun cuando todavía no hay resultados de las investigaciones. Y también refiere que hay evidencias de que la represión contra los camarógrafos fue un acto “premeditado”.

Frente a la petición del Congreso del Estado, dijo, que solo acatará la decisión de un juez y sobre los diputados “son muy libres de hacer esa expresión, de hacer ese exhorto. Definitivamente que están en todo su derecho, no comparto esa opinión, pero yo respeto su libertad que tienen para expresarlo, ¿no?”.

Los partidos políticos en Ensenada por otro lado, emitieron posicionamientos denunciando las irregularidades, el Partido Revolucionario Institucional se deslindó de que ésa sea una forma de actuar de su partido, el Partido de la Revolución Democrática demandó se aclare el asunto, el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo hicieron lo mismo, todos emitieron posturas en contra de la represión que se vio y se vivió el 15 de septiembre y demandaron resultados.

El Subprocurador de los Derechos humanos, quien al 19 de septiembre tenía registrada casi una decena de denuncias por los hechos ocurridos el 15 de septiembre, aseguró que una disculpa pública del Alcalde no es suficiente. Dijo estar integrando un expediente con imágenes de los policías agresores, evaluaciones médicas y violaciones a los derechos humanos en distintos niveles que fueron denunciados en contra de los agentes de la SSPM, y quien resulte responsable por haber ordenado la violenta actuación.

Todos emitieron posturas y rechazaron enérgicamente lo ocurrido y Pelayo, sigue acumulando irregularidades.